Deportivo Quito al borde del abismo judicial: déficit de USD 3,22 millones y riesgo en Carcelén

La supervivencia jurídica e institucional de Sociedad Deportivo Quito ingresó en su fase más crítica dentro de los tribunales de la capital. La pericia financiera auditada en el proceso concursal que se ventila en la Unidad Judicial Civil de Iñaquito arrojó un panorama desolador: el club acumula pasivos legalmente confirmados por USD 3.709.892,96 frente a un activo real reconocido de apenas USD 489.364,08. El resultado es un déficit patrimonial neto de USD 3.220.528,88 que coloca a la histórica institución azulgrana al borde de la liquidación definitiva.

El desglose pericial evidencia la extrema precariedad financiera de la escuadra capitalina. Sus activos apenas se componen de una cuenta litigiosa por explotación publicitaria de USD 193.903,18, la valoración de derechos federativos del plantel calculada en USD 116.732,50, el registro de signos distintivos y marcas por USD 115.207,69, y tres inmuebles menores tasados en USD 63.520,63. En contraparte, los pasivos abarcan deudas acumuladas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, exempleados, cuerpos técnicos y prestamistas privados que llevan casi una década esperando la cancelación de sus haberes.

El litigio por las 2,7 hectáreas de Carcelén

El epicentro de la disputa civil se concentra en el Complejo Ney Mancheno Velasco, un predio de 27.248 metros cuadrados ubicado en el sector norte de Quito. Durante décadas, este patrimonio figuró contablemente con un valor de USD 0 en los balances judiciales debido a una cláusula prohibitiva de enajenación asentada en la donación municipal de 1964. Sin embargo, los acreedores han impulsado recientes avalúos que tasan el complejo en cerca de tres millones de dólares, exigiendo al magistrado de la causa el levantamiento de cualquier traba jurídica para proceder al embargo y posterior remate forzoso del inmueble como única vía real de cobro.

Desde la dirigencia comandada por José Pardo se insiste en que el predio goza de blindaje inalienable por su condición de bien de utilidad pública deportiva y sostienen que el concurso de acreedores no debe derivar en una extinción del club. Para solventar la operatividad cotidiana frente al bloqueo judicial de cuentas bancarias, la institución ha recurrido a la gestión de una firma comercial externa, medida que genera fricciones y observaciones entre los acreedores civiles y laborales por la transparencia en los flujos de cobro.

La fecha límite para evitar la extinción

El juzgado ha fijado la Junta General de Acreedores para el 10 de noviembre de 2026, cita que sellará irreversiblemente el futuro de la institución. En dicha audiencia solo existen dos desenlaces procesales posibles bajo el marco judicial vigente: la aprobación de un concordato de pago estructurado con plazos firmes y garantías aceptadas por la mayoría calificada de acreedores, o la declaratoria oficial de quiebra definitiva. Esta última opción daría paso inmediato a la subasta pública del complejo de Carcelén, la liquidación forzosa de sus activos intangibles y la disolución formal de uno de los clubes más emblemáticos de la capital.