Deportivo Quito afronta su hora crucial en la Junta de Acreedores ante el riesgo de quiebra
Sociedad Deportivo Quito comparece ante el Complejo Judicial Norte en una Junta de Acreedores determinante para definir su reestructuración o quiebra.

Sociedad Deportivo Quito vive momentos determinantes para su supervivencia institucional y jurídica. La entidad de la Plaza del Teatro afronta la decisiva Junta de Acreedores convocada en el Complejo Judicial Norte de la capital, en una diligencia de corte concursal que define el porvenir del cuadro azulgrana bajo las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).
El trámite, presidido por el juez de la causa, Dr. Santiago Altamirano Ruiz, quedó ratificado bajo modalidad mixta: presencia física en el quinto piso de la sede judicial para las partes domiciliadas en territorio nacional y enlace telemático para aquellos acreedores residentes en el extranjero. Esta cita legal se instaló luego de que la administración de justicia desestimara los pedidos de diferimiento formulados por la defensa del club y rechazara la pretensión de separar al síndico concursal asignado al caso.
Las cifras del concurso y el dilema de Carcelén
El informe pericial financiero que sustenta el proceso expone una masa pasiva total verificada de USD 3.735.289,66 frente a un activo contabilizado de USD 3.293.071,65, consolidando un déficit patrimonial neto de USD 442.218,01. La columna vertebral del haber patrimonial descansa sobre el Complejo Ney Mancheno Velasco, ubicado en Carcelén, predio de 27.248 metros cuadrados tasado pericialmente en aproximadamente USD 3.000.000,00.
La consideración de este inmueble representa el eje de mayor debate técnico-legal. De no computarse el predio deportivo dentro de la masa concursal, la brecha negativa de la institución escalaría por encima de los 3 millones de dólares. Por su parte, la directiva encabezada por José Pardo ha sostenido la existencia de condicionamientos y restricciones normativas sobre dicho bien que impedirían su ejecución ordinaria, aspecto que permanece bajo el análisis de las autoridades judiciales.
Escenarios jurídicos inmediatos
El desenlace de esta audiencia contempla dos caminos excluyentes. Para frenar la vía de liquidación, la institución requiere la aprobación de un plan de pagos garantizado que cuente con el respaldo de acreedores que concentren más del 51 % de las acreencias admitidas. Este mecanismo concedería plazos formales y supervisión concursal para extinguir las obligaciones.
En contrapartida, la ausencia de los votos necesarios conduciría a la declaratoria judicial de insolvencia y quiebra, habilitando la ocupación de bienes y la posterior apertura de fases de remate. A la fecha de esta cobertura, el tribunal no ha dictado sentencia ejecutoriada ni cerrado el cómputo final de la votación, manteniendo en expectativa total a la parcialidad chulla sobre el desenlace formal de su reestructuración.
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