El gremio arbitral exige a la FEF garantías policiales obligatorias tras el violento ataque en Yantzaza

La crisis de seguridad en las categorías formativas y de ascenso del balompié ecuatoriano llegó a un punto de quiebre institucional. Tras el violento ataque perpetrado contra el juez de línea Lenin Giovanni Ojeda Núñez en el Estadio Municipal Juan Galarza Márquez de Yantzaza, la Agremiación de Árbitros del Ecuador (AEDAF) formalizó una enérgica postura ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol y su Comisión Nacional de Árbitros, advirtiendo que no se presentarán a dirigir encuentros sin las debidas garantías de resguardo físico.

El incidente, que dejó al asistente con fractura de pómulo y severos traumatismos luego de recibir una pedrada en el rostro por parte de un futbolista suplente, evidenció la vulnerabilidad extrema del estamento arbitral en recintos cantonales. Los informes oficiales confirmaron la total ausencia de contingente de la Policía Nacional y la ineficacia de la seguridad privada, permitiendo que el agresor abandonara el escenario sin ser aprehendido.

Exigencias estrictas para retornar a los estadios

Frente a este escenario, la dirigencia de la AEDAF notificó de manera formal a la FEF que ninguna terna arbitral saltará al terreno de juego en partidos de Segunda Categoría si no se constata la presencia activa de un destacamento de la Policía Nacional desde la reunión técnica previa. Esta medida busca erradicar la improvisación logística en escenarios que carecen de infraestructura básica de contención.

Asimismo, el gremio demandó una auditoría exhaustiva y el veto inmediato a aquellos estadios que presenten escombros, material pétreo accesible o falta de mangas telescópicas de protección hacia los camerinos, en cumplimiento estricto del Reglamento General de Competiciones.

Acciones legales y medidas disciplinarias en marcha

En el plano penal, la agremiación impulsó una denuncia particular ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de tentativa de homicidio y lesiones graves, sentando un precedente judicial extra-deportivo para frenar la violencia en el fútbol. Por su parte, la Comisión Disciplinaria de la FEF dictó una suspensión preventiva de 60 días para el jugador involucrado y clausuró por el mismo lapso el recinto de Yantzaza.

El debate se extiende ahora a las condiciones laborales de los colegiados en el ascenso, quienes afrontan programaciones de alto riesgo percibiendo honorarios inferiores a los trescientos dólares por compromiso, sin pólizas médicas integrales que cubran traslados de urgencia hacia centros hospitalarios de tercer nivel.